Como "una oportunidad histórica para que Chile resuelva los conflictos pendientes con sus pueblos originarios" catalogaron distintos actores mapuches de la Región el acuerdo de una nueva constitución, para la cual piden reconocimiento, autonomía, autodeterminación, participación política, derechos territoriales y lingüísticos.
El único que no se sumó a esta opinión es el werkén de Todas las tierras, Aucán Huilcamán, quien se desmarca de este acuerdo y anuncia una Asamblea Constituyente Mapuche a realizarse los días 11 y 12 de diciembre en el cerro Ñielol. En la oportunidad elaborarán un estatuto o constitución política para un autogobierno.
Para el vocero del Consejo Político Mapuche de Chile Vamos, Hans Curamil, "este acuerdo por la nueva Constitución es a todas luces una oportunidad para los nueve pueblos indígenas en cuanto a colocar en la mesa históricas demandas y, en particular, del pueblo Mapuche, que desde hace más de 30 años viene recibiendo promesas".
Según el presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam), Juan Carlos Reinao, a los ediles les preocupa que los pueblos originarios sean excluidos del proceso constituyente. "Chile debe mirarse al espejo y reconocerse como tal. Los pueblos indígenas representan un 12,8% de la población, y el mundo mapuche en particular un 10%. A lo largo de la historia la clase política de este país se ha encargado de excluir de los espacios de toma de decisiones a los pueblos originarios, por tanto, esta es la oportunidad para construir un Chile Plurinacional e Intercultural que refleje la diversidad de nuestra sociedad, donde el mundo indígena debe estar presente".
En este sentido, Reinao añadió que "se deben garantizar escaños reservados para delegados constituyentes indígenas, pues es sabido que las cuotas no aseguran representación, sino sólo participación, y la cual para el mundo mapuche ha sido meramente simbólica. Además vemos con preocupación el cinismo de algunos sectores políticos que se excusan en limitaciones técnicas del padrón electoral para impulsar esta iniciativa, aún cuando la Conadi cuenta con un padrón indígena para la elección de consejeros. Nosotros hacemos un llamado a desconocer el proceso constituyente, si éste no asegura una efectiva representación de los pueblos originarios".
Al consejero de la Conadi, José Millalén, también le preocupa que los pueblos originarios no estén representados en el proceso. "La posibilidad real de una nueva constitución es histórico, sobre todo, porque es una conquista de la ciudadanía movilizada, sin embargo tenemos dudas que los derechos colectivos del pueblo mapuche queden debidamente reconocidos y garantizados debido a las cuotas partidarias acordadas".
Opinión similar es la del presidente de Enama, Hugo Alcamán, quien dijo que la representación de los pueblos originarios en el proceso "es una exigencia" y, de hecho,como corporación proponen un mecanismo. "En 30 años de democracia, las justas demandas y reivindicaciones del pueblo mapuche no han sido escuchadas. Gobierno tras Gobierno las promesas no se han cumplido, lo que sólo profundiza la frustración. Nuestra propuesta es que la cuota constituyente considere la presencia de 15 representantes indígenas, de los cuales 10 debieran corresponder al pueblo mapuche".
Al respecto, Curamil hace un llamado a ser "cautos y estar atentos del proceso". "La posibilidad que brinda este acuerdo es un hito histórico, debemos estar atentos en cómo se elegirán los representantes y si existe real voluntad en considerar a los nueve pueblos originarios de nuestro país, no es casualidad que la bandera más enarbolada el último tiempo ha sido la mapuche, lo que demuestra que la ciudadanía apoya o a lo menos tiene simpatía por la causa mapuche. Creo que la solución es reservar un porcentaje proporcional a la cantidad de personas que pertenecen a los pueblos originarios, en el caso el pueblo mapuche es entre un 10 ó 12%".
DERECHOS CONSTITUCIONALES
El reconocimiento constitucional asoma como uno de los principales derechos que según los actores mapuche debería quedar consignado en la nueva carta magna. Según Alcamán debe ser incluir "derechos políticos, sociales, económicos y culturales como reconoció el Estado de Chile ante la OEA el año 2007 y el 2016 ante la ONU".
Para el consejero José Millalen este reconocimiento "debe avanzar hacia la Plurinacionalidad del país, junto al derecho a la autodeterminación, al territorio y a los derechos lingüísticos del pueblo mapuche".
La participación política efectiva en el Parlamento y otras instituciones del Estado es otro de los requerimientos de manera transversal, junto a la autonomía y la autodeterminación en materias como la co oficialización de idiomas, educación, salud y actividades económicas.
AMENAZA
Para el werkén Aucán Huilcamán, El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, "representa una amenaza para los mapuche" y "los cupos, cuotas o escaños reservados no garantizan absolutamente nada, porque siempre serán minorías y podrían terminar limitando, restringiendo o diluyendo los derechos del pueblo mapuche establecido por el derecho internacional".
Huilcamán añadió que "los mapuche somos titulares del derecho a la libre determinación y no le hemos dado mandato a ningún organismo externo para que tome decisiones por los mapuche. Se debe consultar a los interesados y no omitir ni transgredir el derecho a la libre determinación. Para que sea útil un reconocimiento en la carta magna se debe estipular el derecho a la libre determinación mapuche, tal como lo establece el derecho internacional, de lo contrario, no ayudará a resolver las tensiones en la relación institucional".